Cuestión de prioridades

El Zahorí

Antes de seguir con los recortes salvajes, el aumento de las litas de espera, el  deterioro de la calidad de la enseñanza pública o el incremento de la filas en los comedores sociales o caritativos, me apunto a la reforma de la Administración propuesta por Rajoy. Vayamos al grano de lo que nos ocupa aquí en Aragón.  Estamos en uno de los dos territorios españoles que cuenta con seis niveles de administración –la europea,  central, autonómica, provincial, municipal y comarcal- con los consiguiente  gatos, disfunciones  y duplicidades que tal estructura genera.

 No sé el sentido que tiene  “conlaque estacayendo” el Justicia de Aragón. Sí, está consagrado por el Estatuto, pero exactamente igual  al derecho a la vivienda garantizado por la Constitución al que no se le hace puñetero caso. El estatuto, en cualquier modo, no impide que sea un cargo simbólico sin la estructura actual. Otro ejemplo,  el aparato  político administrativo del Gobierno de Aragón. ¿De verdad hacen falta  dos direcciones generales , de Cultura y Patrimonio, que ahora gestionan recursos de miseria?. O la dirección general de  Vivienda en un momento que no hay planes de nada y otras muchas. ¿Pasaría algo por prescindir de la Cámara de Cuentas, tanto observatorio o centros de estudios. Se ha reducido  notablemente el aparato del “agitprop” de la DGA y el monstruo de las empresas públicas come menos galletas, pero se puede afinar bastante más.  Y, ¿de verdad hacen falta dos televisiones y radios públicas? Dudo mucho de que exista algo parecido en Europa.  La Corporación  de aquí, de las más baratas y exitosas,  nos cuesta 50 millones de euros al año. No me meto con el protocolo, la comitiva y seguridad – los coches y chóferes de portavoces y miembros de la mesa de las Cortes de Aragón- o con las dietas –hay días en que el alcalde Belloch cobra 1.000  euros por asistir a comisiones municipales- pero suprimir estas prebendas favorecería la comprensión ciudadana de la cosa pública. Un ejemplo menor que ayuda a clarificar y hacer extrapolaciones: en la era digital, donde el ir y llevar papeles ha pasado a la historia, de los 100 funcionarios del Parlamento aragonés, 27 son ujieres. Se deberían redistribuir, como también reducir el número de diputados, sobre todo en un momento en que la actividad legislativa está bajo mínimos. La de carreteras, hospitales y escuelas que se pueden hacer con una racionalización de recursos, que hay que hacer con tino y decisión.  Es cuestión de prioridades.